El próximo 17 de diciembre en todo el territorio nacional se vivirá una jornada de plebiscito. Nuevamente hay que votar por una propuesta de Constitución, con un sufragio que es obligatorio para todos los chilenos, en el que cada uno se debe manifestar a favor o en contra de este documento.
No es fácil ver todos los matices de esta propuesta, ni informarse de cada uno de sus aspectos, pero en Revista Rumbos queremos contribuir a entregarle información, para que acuda a esta votación de manera informada. Es por ello que entrevistamos a Ignacio Covarrubias Cuevas, Decano Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, quien nos entregó orientaciones en este tema.
Les diría, en primer, lugar, que se informen y se tomen el tiempo de leer el texto, porque existe muchísima desinformación y se han realizado afirmaciones que derechamente son falsas. Se dice, por ejemplo, que se desconocerían los derechos sociales, en circunstancias que en esa materia no sólo no se desconocen, sino que incluso hay prestaciones sociales nuevas, como la obligación del Estado de financiar un sistema gratuito de sala cuna universal. También hay derechos sociales que quedan mejor garantizados que antes, por ejemplo, la continuidad del servicio educativo, al que me referiré más adelante o garantizar la seguridad hídrica (del agua) según criterios de sustentabilidad.
Sugiero que nos atrevamos a darle un vistazo al texto porque este proyecto contiene muchos aspectos innovadores y novedosos en materias que superan las trincheras políticas.
Muchas de las críticas o temores que algunas personas invocan para rechazar el texto también aplican a la actual Constitución y se encuentran despejadas por ésta.
Como lo adelantaba, hay aspectos muy innovadores que superan las posiciones políticas. Uno de ellos es que se sientan los principios para una mayor exigencia en los estándares de cumplimiento de las funciones públicas, indicando que las entidades públicas deben garantizar la prestación de sus servicios en forma permanente y oportuna, velando siempre por la calidad del servicio.
Muchas carencias cuya solución quedaban entregada a derechos, son abordados de manera directa y realista, sin desconocer aquéllos. Por ejemplo, la paralización de actividades que aqueja a miles de estudiantes en la región de Atacama ya no sólo puede ser afrontado por la vía de un recurso judicial, sino que el Estado queda oblligado a “garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos” (art. 16 nº 24, letra e), haciéndose cargo de los alumnos que se han visto privados de su derecho a la educación por falta de clases.
Lo primero es valorar que el texto propuesto hace suyos los principios de la doctrina social de la Iglesia, tales como el respeto de la dignidad de toda persona, la primacía del bien común, y la conjugación de la subsidiariedad con la solidaridad, además del reconocimiento de la función social de la propiedad.
La libertad religiosa y la conjugación entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza es de un nivel difícil de superar. Junto al deber del Estado de fortalecer la educación en todos sus niveles, añade el derecho preferente de los padres y tutores de educar y el de la comunidad educativa a conservar la identidad e integridad de su proyecto, superando la usual dicotomía entre derechos del individuo y derecho de comunidades o colectivos.
(recuadro)
Cómo fue elaborado esta propuesta