Queridos hermanos y hermanas:
Espero que la primera del mensaje que los obispos de la Iglesia Católica en Chile hemos elaborado para ayudar al discernimiento frente al plebiscito de nueva Constitución, que hemos de votar el próximo 17 de diciembre, les haya aportado para este proceso.
Esta semana compartiré la segunda parte y final de este mensaje.
8. Estado social y democrático de derecho: solidaridad y subsidiariedad
Un aspecto fundamental para el país y también para la vivencia de la fe cristiana, es preguntarse cómo la propuesta constitucional orienta y da un marco jurídico para la construcción de una sociedad más justa, a través del ejercicio de los derechos sociales reconocidos constitucionalmente, preocupación ciudadana que ha estado en el origen del proceso constitucional.
El proyecto establece que “el Estado de Chile es social y democrático de derecho”, correspondiéndole promover “el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas” (art. 1, 3). Esto se profundiza en otros artículos que obligan al Estado a promover condiciones sociales, de justicia y de solidaridad, para que las personas alcancen su mayor realización espiritual y material posible y puedan realizar sus derechos en libertad e igualdad (art. 1, 5 y 6). Esta declaración implica una obligación del Estado de adoptar las medidas adecuadas para que tales derechos sociales se realicen, como lo establece el art. 24. Tales derechos, por expresa indicación del texto no pueden ser afectados en su esencia (art. 23, 3).
La propuesta explicita el principio de solidaridad, lo que implica que el Estado deberá promover las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten como expresamente se señala (art 1, 6). Como ya se señaló, la solidaridad es un principio esencial en la enseñanza social de la Iglesia y nos implica a todos, pues debemos actuar juntos, desde lo público y lo privado, para servir a quienes viven situaciones de dificultad, carencia o exclusión. San Juan Pablo II definió la solidaridad como la “determinación firme y constante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos”.
Para la Iglesia, también es fundamental el principio de subsidiariedad. Como lo expresamos el año pasado ante la primera propuesta constitucional, “es importante hacer dialogar al Estado social de derecho con el principio de subsidiariedad, que es mucho más amplio que los derechos a la libertad económica. El Estado debe tener un papel activo en la consecución del bien común y en la protección de los más frágiles (Estado social), pero ha de integrar, respetar y ayudar a sostener la acción colaborativa de múltiples iniciativas privadas que tienen objetivos sociales en muy diversos campos”.
La propuesta constitucional introduce este principio al afirmar que las agrupaciones que nacen como consecuencia de las iniciativas de las personas gozarán de autonomía para cumplir sus fines (art. 1, 4). Nos parece fundamental la vigencia de este principio, para que una intervención del Estado no llegue a amenazar la libertad y la iniciativa de las personas o de grupos intermedios.
9. Algunos temas sociales específicos, elementos de juicio
Es evidente que una carta constitucional debe referirse a la salvaguardia de muchos bienes sociales, y es legítimo que surjan inquietudes sobre cómo la propuesta que será plebiscitada custodia el acceso a ellos. Entre estos bienes, a título de ejemplo, están una amplia gama de derechos fundamentales, humanos y sociales, como la educación, el trabajo y la libertad sindical, la vivienda digna, la propiedad, la salud y el bienestar integral, la igualdad y no discriminación, la seguridad (pública, social, alimentaria e informática), el derecho a vivir en un medioambiente sano, el reconocimiento de los pueblos originarios, los derechos de las personas mayores, los jóvenes, las mujeres, las personas con capacidades distintas, o las privadas de libertad, etc. Frente a temas de esta naturaleza, el Papa Francisco nos recuerda que “el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto del medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos”.
Nos referimos, a continuación, a dos temas sociales en particular, reafirmando que son ámbitos que pueden tener diversas soluciones posibles.
En cuanto al derecho a la protección de la salud (art. 16, 22) la propuesta establece la protección de la salud integral, con libre, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, prevención, protección y recuperación, en todas las etapas de la vida. Se establece la libertad de las personas para elegir acciones de salud estatales o privadas, debiendo el Estado garantizar esa provisión mixta. Por su parte, se establece un “plan de salud universal”, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales o privadas, que deberá establecerse mediante una ley.
Sobre este ámbito esencial, el discernimiento de cada ciudadano buscará apreciar la verdadera capacidad de lo propuesto, para integrar, a la vez, el respeto a la libertad individual y el principio de solidaridad, y llegar así a un sistema de salud que permita a todos, pero especialmente a los más pobres y vulnerables, acceder realmente a las atenciones necesarias, tanto en la salud primaria como en la de mayor complejidad. Asimismo, deberá apreciar si hay cierta seguridad de que el Estado disponga de los recursos necesarios, lo cual depende de las políticas de tributación, de adecuadas políticas públicas y de la eficacia del gobierno para implementarlas.
En relación con el derecho a la seguridad social, se plantea el acceso a prestaciones básicas y uniformes, establecidas por la ley, provista desde instituciones públicas o privadas, amparando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad y otras. Asimismo, se establece la propiedad sobre las cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados y se reconoce el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que las administre, sin que puedan ser expropiadas o apropiadas por el Estado (art. 16, 28).
También en este caso cada uno buscará apreciar de modo informado, si las normas propuestas integran suficientemente el principio de la solidaridad y pueden hacer posible acceder a pensiones suficientes, especialmente respecto de las personas que hasta ahora han tenido pensiones muy bajas y muchas veces verdaderamente indignas.
10. El desafío de una mejor política y el juicio ético de cada uno
Es evidente que la propuesta constitucional contiene muchos otros aspectos de interés y máxima importancia para Chile, entre los cuales se pueden destacar el sistema político, las obligaciones cívicas, la representación política, los poderes del Estado y sus instituciones, el gobierno y la administración, la defensa nacional y la seguridad pública, la administración regional y local, etc. Cada uno de ellos exige de los ciudadanos un juicio ético, es decir, una opinión fruto de la reflexión razonada e informada, sobre las bondades y perjuicios de las propuestas.
Es particularmente importante que quienes sirven a Chile desde la vida política, las funciones públicas y los medios de comunicación social, trasmitan con transparencia, honestidad y veracidad sus opiniones para informar a los ciudadanos. A todos nos compete mejorar la política, para que sea un verdadero oficio de amor y servicio al prójimo, que es la esencia de la persona humana. Necesitamos recuperar los valores más altos de nuestra vida democrática, que son los que han orientados a nuestra nación en su desarrollo institucional, y que tienen su centro en el reconocimiento de una verdadera diversidad y pluralidad, y en la búsqueda del bien común.
11. La Patria anhelada
Queremos terminar recordando que Chile es una patria común, que hace que cada hombre y mujer sea un ser con raíces en el pasado. Cada uno de nosotros es hijo de la casa común, un heredero que ha recibido los bienes del pasado y los debe trasmitir al futuro. Todos hemos recibido una Patria; no la hemos elegido, no la hemos creado, sino que la continuamos y la renovamos constantemente para bien de todos. La Patria no se le inventa, se la cuida y se la ama. El momento presente es un fuerte llamado a abandonar los individualismos, para ponernos al servicio de los demás, especialmente los más abandonados de nuestra sociedad.
Invoquemos a Dios nuestro Padre y a la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, para que nos ayuden a construir una nación donde la fraternidad, la solidaridad y las enseñanzas de su Hijo Jesucristo guíen nuestro actuar y nuestras vidas.
LOS OBISPOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
Que Dios los bendiga,
+ Guillermo Vera Soto
Obispo de Rancagua