Obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto entrega mensaje de la Conferencia Episcopal de Chile
Queridos hermanos y hermanas:
Deseo compartir con ustedes el mensaje que los obispos de la Iglesia Católica en Chile hemos dirigido a la comunidad creyente y a todas las personas de buena voluntad frente al momento que estamos viviendo como país y de la nueva propuesta de Constitución, que hemos de votar el próximo 17 de diciembre.
Quisiera en este mensaje y en el de la próxima semana reflexionar con ustedes aquello que los obispos creemos que puede iluminar y ayudar a discernir.
1. Decisiones fundamentales
Todos los chilenos estamos convocados a pronunciarnos ante la propuesta de nueva Constitución política, en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Tal como lo hicimos ante el proyecto votado el año pasado, ofrecemos algunos elementos de discernimiento para la decisión fundamental que cada ciudadano, en conciencia, debe tomar y manifestar mediante su voto. Se trata de un momento único y solemne en la vida del país, y por ello todos debemos hacer un discernimiento fundado en la verdad y la justicia. Lo hacemos desde valores antropológicos fundamentales, que nos hacen buscar el bien de la persona y la edificación de una sociedad justa y equitativa. Nos dirigimos no sólo a los creyentes, sino a todas las personas de buena voluntad que quieren aportar al bien de Chile. Cuando la Iglesia se pronuncia en cuestiones inherentes a la vida social y política, no atenta contra las exigencias de una correcta interpretación de la laicidad, porque no quiere ejercer un poder político ni eliminar la libertad de opinión de los ciudadanos sobre cuestiones contingentes. Busca ayudar a iluminar la conciencia de todas las personas, en particular de los que están comprometidos en la vida política, para que su acción esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien común.
2. El valor de la democracia
Siguiendo su enseñanza social, la Iglesia considera que la democracia es la mejor manera de lograr una adecuada forma de relación y organización entre todos los miembros de la sociedad, en la búsqueda del bien común. Pero, al mismo tiempo, es plenamente consciente de que “no tiene un campo de competencia específico en lo que se refiere a la estructura de la comunidad política: La Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático; pero no posee título alguno para expresar preferencias por una u otra solución institucional o constitucional, ni tiene tampoco la tarea de valorar los programas
políticos, si no es por sus implicaciones religiosas y morales”.
Apreciar nuestra democracia, comprometerse con ella y contribuir al bien de la nación, exige una participación informada de todos en la vida social. Nadie puede sentirse excluido de este proceso constitucional, cuyos resultados afectarán a toda la comunidad nacional, y por eso se requiere la participación de todos en el próximo plebiscito.
3. La Constitución y la superación de la crisis
En los últimos años Chile ha vivido una serie de procesos que debemos tener en cuenta al momento de tomar nuestras decisiones. El ambiente político y social ha estado marcado por una fuerte tensión. La falta de una adecuada estabilidad institucional ha provocado una parálisis en nuestro desarrollo, que termina siempre afectando a los más vulnerables. La polarización política y la dispersión en las concepciones sobre la forma de organizar nuestro país han llevado a una pérdida del sentido de unidad y de concebir a Chile como un proyecto común, donde nadie debe quedar excluido y cada uno tiene su lugar.
El desprestigio de muchas de nuestras instituciones públicas ha conducido a una desvalorización de la vida política y el servicio público, cuya finalidad es lograr una conducción del país por caminos de paz y progreso. Para ello es necesario abrirse al diálogo mediante acuerdos, cesiones y renuncias a legítimas posiciones, en vista del bien común de todos.
Resulta evidente que un texto constitucional no resolverá de inmediato las dificultades que hoy padecemos, pero sea cual sea el resultado del próximo plebiscito, es necesario que nos dispongamos con más decisión a avanzar juntos, abordando con premura los urgentes desafíos sociales y políticos que Chile tiene, más allá de nuestras legítimas diferencias y pluralidad de miradas.
4. Una respuesta desde preguntas fundamentales
Ante el proyecto constitucional que se nos presenta, podemos hacernos algunas preguntas
fundamentales: ¿Contribuye lo propuesto a dar una real solución a los problemas y dificultades que tiene actualmente nuestra convivencia cívica? ¿Puede ayudarnos a lograr un desarrollo armónico y justo, sobre todo para los sectores que muchas veces quedan postergados y viven en la exclusión y la pobreza?
Puede resultar adecuado buscar nuestras respuestas también desde preguntas particulares: ¿Contribuirá la propuesta a retomar un camino donde estas dificultades y crisis puedan ser resueltas en un clima de amistad cívica y convivencia ordenada y armoniosa? ¿El camino propuesto traerá la estabilidad en los diversos ámbitos expresados, contribuyendo a un desarrollo general del país, cuyos frutos lleguen con mayor equidad a todos los miembros de la sociedad, especialmente a los adultos mayores, los jóvenes y las mujeres? ¿Lograremos con este nuevo pacto político avanzar de verdad en una verdadera inclusión que permita a muchos compatriotas salir de la situación de pobreza y marginalidad? Las respuestas personales a estas interrogantes pueden ser de mucha ayuda al momento de decidir.
5. La Iglesia está llamada a orientar en los valores esenciales
Como pastores, ofrecemos nuestra palabra para iluminar el discernimiento de cada ciudadano, especialmente de quienes profesan la fe cristiana. No lo hacemos desde una opinión técnico-jurídica o político-partidista, sino desde la Doctrina Social de la Iglesia, fundada en la Palabra de Dios. Sus principios esenciales son: el respeto de la dignidad de la persona humana, la primacía del bien común, la subsidiariedad y la solidaridad; mientras que sus valores fundamentales son: la verdad, la libertad, la justicia, la paz y la caridad. Desde estos principios y valores, no observamos objeciones éticas determinantes en la propuesta constitucional, lo que significa que es legítimo que ante las soluciones y normas que ella contiene, pueda haber en la ciudadanía posturas diversas y plurales. La gran mayoría de los planteamientos respecto de cómo organizar la casa común y nuestra convivencia como comunidad política, entran en el plano de lo
opinable. Esto no significa, sin embargo, que estemos eximidos de hacer una necesaria consideración ética, pues en la Constitución están implicados aspectos relevantes de la persona y de la sociedad. Es trascendental, por tanto, que cada uno discierna en conciencia si en lo propuesto se respeta y promueve la dignidad de la persona, se contribuye a la realización del bien común y se aplican aquellos valores que fomentan un orden justo.
6. Algunos aspectos esenciales
En su primer artículo la propuesta señala que “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia”, y “su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización”. Se afirma luego, como uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, especificando que “la ley protege la vida de quien está por nacer” (art. 16, 1). Al señalar “de quien” se hace un reconocimiento más explícito de la persona humana desde el momento de su concepción, lo que significa un resguardo más riguroso ante eventuales proyectos de leyes que pretendan promover el aborto libre.
Se define a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y se establece el deber del Estado y la sociedad de “dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento” (art. 1, 2) y se da un mandato al sistema institucional para que ofrezca “mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad y a la crianza” (art. 13, 2). Al mismo tiempo se reconoce el interés superior de los niños (art. 37, 7), lo que implica proveer las condiciones para crecer y desarrollarse en familia y ser protegidos de “cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico” (art. 12).
En el ámbito de la educación, se considera que las familias, a través de los padres o tutores, tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar, preferentemente, su interés superior. Se exige al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho (art. 16, 23 b), así como al derecho de crear y desarrollar proyectos educativos en el marco de la moral, el orden público y la seguridad del país (art
16, 24 a). La propuesta adopta un sistema de provisión mixta, asignando recursos a la educación pública y particular subvencionado, siguiendo criterios de razonabilidad y sin discriminaciones arbitrarias, todo lo cual fortalece el principio de la libertad de enseñanza (art. 16, 23 f). Este resguardo de la libertad de enseñanza a través del apoyo a diversos proyectos educativos no significa que el Estado renuncie a las funciones que le son propias, pues se le impone la obligación de fortalecer el sistema público en todos los niveles (art. 16, 23 j), respetando el pluralismo que existe en la sociedad, incluida la educación superior. Se establece, también, como deber del Estado fortalecer la educación de la primera edad (art. 6, 23 j).
7. Libertad religiosa y objeción de conciencia
El artículo 16, 13 de la propuesta desarrolla el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el que incluye la libertad para adoptar la religión o las creencias que cada uno prefiera, a vivir conforme a ellas, y a transmitirlas, introduciendo, además, la objeción de conciencia como salvaguarda constitucional. La libertad religiosa está explicitada en sus contenidos esenciales como el libre ejercicio y expresión del culto, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión, manifestarla, divulgarla y enseñarla y a celebrar sus ritos en público o en privado, individual y colectivamente. La propuesta agrega en esta materia algo nuevo y decisivo, como es el derecho de los padres a trasmitir los valores religiosos, éticos y morales y elegir la educación religiosa que ellos decidan para sus hijos, afirmándose también que las familias tienen derecho a crear entidades de enseñanza con sus propios proyectos educativos, de conformidad a sus convicciones religiosas o morales.
Consideramos que estas normas sobre la libertad religiosa son un aporte a la vigencia de este derecho fundamental, ahora explicitado constitucionalmente.
Que Dios los bendiga,
+ Guillermo Vera Soto
Obispo de Rancagua